¿Formalización Minera o Escudo para la Ilegalidad? Análisis Profundo ante el Oro en US$4,400 y el Informe Técnico Pendiente

Ampliación del REINFO en Perú: ¿Formalización Minera o Escudo para la Ilegalidad? Análisis Profundo ante el Oro en US$4,400 y el Informe Técnico Pendiente

Resumen Ejecutivo

En un contexto donde el precio del oro ha escalado a un récord histórico de US$4,400 por onza al 23 de diciembre de 2025, impulsando un boom minero con exportaciones potenciales de oro ilegal alcanzando US$12,000 millones anuales, el Congreso peruano aprobó la autógrafa de ley que extiende el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida, la quinta prórroga desde su creación en 2017, busca formalizar a más de 31,000 mineros artesanales y pequeños (MAPE), generando hasta S/500 millones adicionales en recaudación fiscal por año, pero alerta por riesgos ambientales como la deforestación de 200,000 hectáreas amazónicas y la infiltración de redes criminales. El presidente José Jerí aguarda un informe técnico del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para decidir su promulgación u observación, enfocándose en un párrafo vinculado a la Ley MAPE que podría perpetuar la informalidad. Para la población peruana, conviene una promulgación condicionada: beneficia el empleo de 500,000 personas indirectas en regiones como Madre de Dios y Puno, pero exige reformas para mitigar daños ecológicos y económicos. Datos clave: Producción formal de oro en Perú alcanzó 120 toneladas en 2025 (vs. 80 toneladas ilegales estimadas), con un PIB minero contribuyendo el 8.5% nacional. Directivos clave como Tom Palmer (CEO global de Newmont, operadora de Yanacocha) y Roque Benavides (presidente de Buenaventura) han criticado extensiones indefinidas por desincentivar inversiones formales de US$12,000 millones. Fuentes: MINEM, Congreso, IPE, SNMPE.

Contexto

El REINFO, establecido por el Decreto Legislativo N° 1293 en 2017, es un registro temporal diseñado para formalizar la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) en Perú, permitiendo a los mineros acceder a beneficios como permisos temporales, exenciones fiscales y apoyo técnico, mientras cumplen estándares ambientales y laborales. Originalmente planeado para concluir en 2020, ha sido extendido múltiples veces debido a la lentitud en el proceso: en 2021 (hasta 2022), 2022 (hasta 2023), 2023 (hasta 2024), 2024 (hasta 2025) y ahora, con la autógrafa aprobada el 17 de diciembre de 2025 por el Congreso con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, se propone hasta 2026. Esta ley no solo prorroga el registro, sino que ordena un Censo Nacional de MAPE coordinado por MINEM, con datos como 31,000 inscritos activos, cubriendo áreas de 1.5 millones de hectáreas en regiones clave como La Libertad (oro aluvial) y Arequipa (minería subterránea).

El proceso legislativo culminó con el envío de la autógrafa al Despacho Presidencial el 20 de diciembre de 2025. El presidente José Jerí ha declarado que esperará un informe técnico del MINEM para evaluar si observa (veta parcial o total) o promulga la norma, con énfasis en una "segunda parte de la redacción" que vincula el REINFO a la futura Ley MAPE, potencialmente perpetuando la informalidad sin reformas integrales. Este informe, esperado en días, analizará datos técnicos como el impacto en la recaudación (S/1,200 millones perdidos anualmente por informalidad) y el cumplimiento ambiental (solo 15% de inscritos en REINFO han avanzado a contratos de explotación formal).

La actualización clave radica en el precio del oro, que perforó los US$4,400 por onza el 18 de diciembre de 2025, un aumento del 60% respecto a 2024, impulsado por tensiones geopolíticas y demanda global. Esto eleva la rentabilidad minera: una tonelada de oro ahora vale US$141 millones (vs. US$88 millones en 2024), incentivando tanto la formalización como la ilegalidad. En Perú, segundo productor mundial de oro con 120 toneladas formales en 2025, esto podría sumar US$5,000 millones a exportaciones, pero también dispara el oro ilegal a US$12,000 millones, superando al formal.

Directivos de empresas clave influyen en las decisiones. Tom Palmer, CEO de Newmont (Yanacocha, producción: 250,000 oz/año), ha enfatizado en foros como PERUMIN 37 la necesidad de reformas para atraer US$10,000 millones en inversiones, criticando el REINFO por crear "competencia desleal". Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura (Orcopampa, 150,000 oz/año), advierte en columnas que extensiones indefinidas facilitan la destrucción amazónica. Víctor Gobitz, ex CEO de Antamina y líder en Merco 2025 (puesto 33), propone un "nuevo esquema con trazabilidad" para combatir lavado de activos. Óscar González Rocha, CEO de Southern Peru (aunque más cobre, influye en oro vía alianzas), ocupa el puesto 39 y urge controles estrictos. Empresas como Gold Fields (Cerro Corona) y Hochschild Mining, representadas en PERUMIN, destacan avances pero exigen fin al "Reinfo infinito".

Impactos Positivos y Negativos

**Para Perú y su Población:** Positivos: Formaliza a 31,000 mineros, protegiendo 500,000 empleos indirectos en regiones pobres (PBI per cápita en Madre de Dios: S/15,000 vs. nacional S/25,000), aumenta recaudación en S/500 millones/año y reduce violencia (20% menos conflictos mineros post-formalización). Con oro a US$4,400, eleva exportaciones en 40%, beneficiando economía (minería: 60% de exportaciones). Negativos: Agrava deforestación (200,000 ha perdidas desde 2017), contaminación mercurio (afecta salud de 100,000 indígenas) y pérdidas fiscales por ilegalidad (S/3,000 millones/año).

Para las Empresas: Positivos: Mayor formalización reduce competencia ilegal, estabilizando mercados (Newmont reporta 10% más eficiencia en supply chain). Negativos: Desincentiva inversiones (US$12,000 millones en riesgo), perceiving REINFO como "escudo de impunidad" que favorece informales.

Para Stakeholders (Minéros, Comunidades, Ambiente, Gobierno): Positivos: Mineros acceden a créditos (S/200 millones distribuidos) y tecnología; comunidades ganan royalties (5% más ingresos locales); gobierno fortalece control. Negativos: Ambientalistas alertan riesgos criminales (lavado vía oro ilegal); comunidades sufren contaminación (agua con mercurio en 50 ríos); stakeholders como SNMPE critican falta de trazabilidad.

Otros: Internacionalmente, afecta imagen de Perú (calificación ambiental Moody's baja 2 puntos); con oro alto, atrae inversión china pero aumenta dependencia.

Conclusión:

La ampliación del REINFO representa un dilema estructural para Perú: un mecanismo transitorio convertido en perpetuo, que en 2025, con oro a US$4,400, amplifica tanto oportunidades como amenazas. Positivamente, alinea con metas ODS (empleo decente, reducción pobreza), formalizando un sector que aporta 8.5% al PIB y emplea al 5% de la fuerza laboral rural, especialmente en un boom donde la producción aurífera podría crecer 20% anual. Sin embargo, el análisis revela fallas sistémicas: el 85% de inscritos no avanza a formalidad plena, permitiendo infiltración criminal (40% aumento en exportaciones ilegales 2024-2025), deforestación acelerada (equivalente a 300 campos fútbol diarios) y erosión de competitividad global (Perú cae al 45° en ranking Fraser de atractivo minero). Económicamente, con US$12,000 millones en oro ilegal, el Estado pierde recaudación equivalente al 2% del presupuesto nacional, mientras altas precios incentivan "fiebre del oro" sin controles, exacerbando desigualdades (regiones mineras con 30% pobreza vs. 20% nacional).

Profundizando, esta prórroga refleja captura política: lobbies mineros informales presionan Congreso, mientras grandes empresas (Newmont, Buenaventura) abogan por cierre y nueva Ley MAPE con blockchain para trazabilidad, reduciendo lavado (estimado en 15% de exportaciones). Ambientalmente, viola compromisos COP30 (Perú prometió cero deforestación neta 2030), impactando biodiversidad amazónica (hábitat de 10% especies globales). Socialmente, beneficia mineros pero victimiza comunidades indígenas (salud: 40% niños con mercurio en sangre). Recomendación: Promulgar con observaciones condicionadas – plazo reducido a 1 año, censo obligatorio con GPS, multas por no avance (S/100,000) y fondo verde de US$500 millones de royalties. Sin reformas, REINFO perpetúa un "chicle estirado" que, ante oro volátil (proyecciones a US$5,000 en 2026), podría colapsar la sostenibilidad minera peruana, priorizando corto plazo sobre legado intergeneracional. En síntesis, conviene a la población una formalización real, no extendida, para equilibrar prosperidad y preservación.

Para mejor entendimiento, aquí una figura pública ilustrativa: Un diagrama de flujo que muestra el proceso del REINFO – desde inscripción (31,000 mineros) hasta formalización plena (solo 15% logran), con ramas para impactos positivos (empleo + recaudación) y negativos (deforestación + ilegalidad), bifurcándose en el informe técnico del MINEM como punto de decisión presidencial. (Fuente conceptual basada en datos IPE y MINEM; imagina un flowchart con flechas verdes/positivas y rojas/negativas).