Promulgación del REINFO en Perú: Ganadores, Perdedores y la Solución Inteligente para un Futuro Minero Sostenible

Promulgación del REINFO en Perú: Ganadores, Perdedores y la Solución Inteligente para un Futuro Minero Sostenible

Resumen Ejecutivo

La Ley Nº 32537, promulgada el 26 de diciembre de 2025 por el presidente José Jerí y publicada en El Peruano, extiende el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la vigencia de la Ley MAPE. Esta quinta prórroga, aprobada por el Congreso con 60 votos a favor, incluye un censo nacional, sinceramiento georreferenciado de operaciones y controles laborales, pero perpetúa un sistema donde solo el 2% de los 31,000 inscritos logra formalización plena. Ganadores: mineros artesanales informales (500,000 empleos indirectos) y lobbies políticos. Perdedores: ambiente (200,000 ha deforestadas), comunidades indígenas (contaminación por mercurio en 50 ríos) y economía formal (S/3,000 millones anuales perdidos). La solución inteligente: una reforma integral con Ley MAPE estricta, trazabilidad blockchain, plazos definidos y fondos para remediación, beneficiando a todos los peruanos con un PIB minero sostenible del 8.5%. Fuentes: Minem, IIMP.

Introducción a la Promulgación del REINFO

El REINFO, creado en 2017 vía Decreto Legislativo Nº 1293 como mecanismo temporal para formalizar la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), ha sido extendido por quinta vez con la Ley Nº 32537. Promulgada el 26 de diciembre de 2025 y firmada por el presidente José Jerí y el premier Ernesto Álvarez, la norma modifica el artículo 6 del decreto original, prorrogando el registro hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley MAPE y su reglamento —lo que ocurra primero. Esta decisión llega en un contexto de precios del oro en US$4,400 por onza, impulsando exportaciones pero también ilegalidad estimada en US$12,000 millones anuales.

La ley incorpora novedades técnicas: un Censo Nacional de MAPE coordinado por INEI, Minem e Ingemmet (iniciado en 6 meses, concluido en 12); un "sinceramiento" obligatorio en 120 días para reportar ubicaciones georreferenciadas vía Ventanilla Única; transferencia de documentos regionales al Minem en 60 días; y reglamento de Sunafil para verificar inclusión laboral en planillas. Sin embargo, expertos critican que perpetúa la informalidad, con solo 2% de inscritos formalizados, convirtiéndose en un "escudo" para mafias. Esta promulgación, tras protestas y lobbies, refleja cálculos electorales pre-2026, priorizando estabilidad corto plazo sobre reformas estructurales.

Los Ganadores de la Promulgación

La extensión beneficia principalmente a sectores informales y políticos, consolidando un statu quo rentable en el boom aurífero:

- Mineros Artesanales e Informales (MAPE): Con 31,000 inscritos cubriendo 1.5 millones de hectáreas, ganan tiempo para formalizarse sin interrupciones, accediendo a asistencia técnica, exenciones fiscales y seguridad jurídica. Esto protege 500,000 empleos indirectos en regiones pobres como Madre de Dios (PBI per cápita S/15,000) y Puno, reduciendo conflictos sociales en 20% post-inscripción. Líderes como Víctor Cutipa (Comisión de Energía y Minas) y Máximo Franco Bequer (Confemin) lo ven como "respiro indispensable" para consolidar avances, evitando despidos masivos y huelgas.

- Lobbies Políticos y Electorales: Congresistas evitan "comprarse pleitos" en regiones mineras clave, ganando votos pre-2026. La aprobación (60 a favor) refleja coaliciones "mafiosas" priorizando clientelismo, como denuncia Mirtha Vásquez. Partidos como Fuerza Popular y Renovación Popular votaron a favor, beneficiando patrocinadores de campañas.

- Grupos Criminales Infiltrados: Indirectamente, mafias como Tren de Aragua usan REINFO como "patente de corso" para operar sin fiscalización plena, lavando activos vía oro ilegal (15% de exportaciones). Con precios altos, esto fortalece su "caja chica" para extorsiones y violencia.

En cifras: Aumenta recaudación potencial en S/500 millones anuales y exportaciones en 40%, beneficiando economía regional.

Los Perdedores de la Promulgación

La prórroga agrava desigualdades y daños estructurales, afectando a stakeholders ambientales, sociales y económicos:

- Medio Ambiente y Biodiversidad: Perpetúa deforestación (200,000 ha desde 2017, equivalente a 300 campos de fútbol diarios) y contaminación por mercurio (afecta 100,000 indígenas, 50 ríos contaminados). Viola compromisos COP30 (cero deforestación neta 2030), impactando 10% de especies globales en Amazonía.

- Comunidades Indígenas y Sociales: Invasión de territorios, salud deteriorada (40% niños con mercurio en sangre), violencia en campamentos (esclavitud sexual para mujeres y niñas). Regiones mineras con 30% pobreza vs. 20% nacional, exacerbando desigualdades.

- Empresas Mineras Formales y Economía Nacional: Competencia desleal desincentiva inversiones (US$12,000 millones en riesgo), cayendo Perú al 45° en ranking Fraser. Directivos como Tom Palmer (Newmont) y Roque Benavides (Buenaventura) critican "Reinfo infinito" por erosión de competitividad. Estado pierde S/3,000 millones anuales en recaudación (2% presupuesto nacional).

- Seguridad Nacional y Sociedad: Fortalece crimen organizado, aumentando violencia (40% más exportaciones ilegales 2024-2025). Imagen internacional deteriorada (calificación Moody's baja 2 puntos).

La Solución Más Inteligente para el Beneficio de Todos los Peruanos

La prórroga es un "chicle estirado" que posterga soluciones de fondo. La alternativa inteligente: una reforma integral priorizando sostenibilidad, equidad y autoridad estatal, alineada con ODS (empleo decente, reducción pobreza).

- Implementar Ley MAPE con Reformas Estructurales: Definir reglas claras, procedimientos verificables y plazos estrictos (no indefinidos), incorporando servidumbre minera para resolver conflictos de acceso y revertir concesiones ociosas. Reducir caducidad de concesiones para combatir acaparamiento.

- Tecnología y Trazabilidad: Implementar blockchain para rastrear oro, reduciendo lavado (15% exportaciones), y GPS en censos para monitoreo real-time. Asociar mineros excluidos con titulares formales para integración conjunta.

- Apoyo y acompañamiento: Fondo verde de US$500 millones de royalties para remediación ambiental y transición sostenible. Multas estrictas (+S/100,000) por incumplimiento, asistencia técnica para verdaderos artesanales, y combate a ilegales con interdicciones reforzadas.

- Beneficios Colectivos: Equilibra empleo (5% fuerza laboral rural) con preservación, elevando PIB minero (8.5% nacional) sin sacrificar legado intergeneracional. Evita "círculo vicioso" de huelgas, como advierte Confemin.

Expertos como IIMP enfatizan recuperar "principio de autoridad". Implementar esto requeriría consenso multipartidario, priorizando nación sobre lobbies.

Conclusión y Análisis

La promulgación de la Ley Nº 32537 es un paliativo electoral que agrava la crisis minera peruana, donde ilegalidad supera lo formal (80 vs. 120 toneladas oro anuales). Ganadores cortoplacistas (informales, criminales) contrastan con perdedores sistémicos (ambiente, sociedad), perpetuando un modelo fallido con 85% de inscritos estancados. Económicamente, erosiona competitividad global; socialmente, fomenta violencia; ambientalmente, acelera colapso amazónico. La solución inteligente —Ley MAPE reformada, trazabilidad y acompañamiento — transformaría REINFO en puente real a formalidad, generando S/1,200 millones adicionales en recaudación, reduciendo pobreza regional y fortaleciendo seguridad. Sin acción, Perú arriesga un "colapso sostenible" en 2026, priorizando votos sobre visión. Urge liderazgo para un minería inclusiva, beneficiando 33 millones de peruanos.